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Reforma del Servicio Civil: ¿Qué les estamos ofreciendo a los jóvenes?

El viernes 11 de diciembre, el congreso aprobó la derogatoria del régimen CAS y, con ello, puso en el centro del debate público la precariedad laboral que algunos regímenes implican. Esto es especialmente alarmante entre los jóvenes, pues el 52.2% está contratado por CAS. Si deseas saber más acerca de la problemática de la gestión del talento joven en el sector público, te invitamos a que sigas leyendo el artículo.



La gestión de recursos humanos contempla varias etapas: captación, formación y retención del personal. En América Latina, una de las diez tareas pendientes del sector público en esta materia es “fomentar la captación y retención de talento joven para el sector público” (BID, 2014).


Este reto se da en la ausencia de una estrategia pública articulada de gestión del talento joven en el Estado, que requiere, además de la captación y formación, ofrecer modalidades de trabajo que garanticen derechos laborales integrales.


En la actualidad, los jóvenes, que conforman el 6.1% de la planilla de servidores civiles, están contratados de forma desproporcionada bajo modalidades que no ofrecen derechos laborales integrales, ya sea como CAS (52.1%), o peor aún, sin vínculo laboral alguno a través del uso de contratos por “Locación de Servicios”. Estos últimos se encuentran invisibilizados en las bases administrativas posibles de analizar.


Gráfico 1: Servidores civiles en planilla, por régimen laboral y grupo de edad (2019)

Notas: No considera a los regímenes de las FFAA y la PNP. Los contratados bajo la Ley del Servicio Civil son 302 en total y representan menos del 0.0%. No incluye a Locadores de Servicio, pues esta modalidad es un contrato civil que no se registra en las planillas del Estado.

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – AIRHSP (2020).


¿Qué es el régimen CAS?


El régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) se creó en 2008 mediante el Decreto Legislativo N° 1057, como una modalidad para contratos temporales en el Estado. En 2012, se decretó su eliminación progresiva, para transitar hacia el régimen del Servicio Civil (SERVIR, 2012; SERVIR, 2017a). Como hemos explicado en artículos anteriores[1], el régimen CAS no otorga derechos laborales básicos, como la compensación por tiempo de servicios (CTS). Además, dada su naturaleza temporal, no tiene perspectivas de promoción ni ofrece garantías de estabilidad laboral.


A pesar de ello, ocho años después de que se declarase su eliminación y siete años después de la aprobación de la Ley del Servicio Civil, el régimen CAS sigue siendo ampliamente utilizado, especialmente para contratar a jóvenes. Como vemos en el siguiente gráfico, del total de jóvenes en la planilla del Estado alrededor de la mitad estaba empleado bajo un CAS entre 2015 y 2019. Más aún, el uso del CAS no ha disminuido como se esperaría: a pesar de su menor uso en 2016 y 2017, en los años posteriores aumentó y superó los niveles de 2015.


Gráfico 2: Uso del régimen CAS por grupo de edad (2015-2019)

Notas: No considera a los regímenes de las FFAA y la PNP. No incluye a Locadores de Servicio, pues esta modalidad es un contrato civil que no se registra en las planillas del Estado.

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – AIRHSP (2020).


Pero, con estas consideraciones en mente, el Proyecto de Ley aprobado por el congreso el pasado 11 de diciembre que deroga el régimen CAS requiere una evaluación más exhaustiva.


¿Qué implica la derogatoria del régimen CAS?


El texto sustitutorio de la derogatoria señala que, desde su entrada en vigencia, los servidores bajo el régimen CAS y que cumplan ciertos requisitos[2] serán contratados bajo los regímenes 276 y 728 en la modalidad “[…] de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada” (Congreso de la República, Art. 4).


Desde el punto de vista de SERVIR, esta medida vulnera la reforma del Servicio Civil en marcha, pues no considera lineamientos de meritocracia y planificación (SERVIR, 2020a). Desde la perspectiva del trabajador, aquellos que cumplan con los requisitos para el cambio de modalidad laboral serán beneficiados, pues ganarán derechos laborales y estabilidad laboral.


No obstante, la derogatoria del régimen CAS puede exponer laboralmente a quienes no cumplan con lo requerido para acogerse a las modificaciones del Proyecto de Ley aprobado. Del mismo modo, SERVIR advierte que esta política aumentaría en 25% el costo de la planilla estatal (SERVIR, 2020a). Con el presupuesto público de 2021 ya aprobado, ¿cómo se reasignarán los recursos ante un aumento en los costos laborales y un presupuesto fijo?


Este es un escenario incierto para los servidores CAS que no cumplan con los requisitos, quienes dependen de la decisión que tome su empleador.


Es importante notar que eliminar el CAS no implica un pase automático de todos a los regímenes 276 y 728. El Proyecto de Ley aprobado establece que se hará de forma progresiva, por lo que si uno está contratado como CAS le pueden renovar el contrato CAS para no perder el vínculo laboral[3]. En este caso, se encontrarían en la misma situación que la actual, con derechos laborales incompletos. Esto requeriría que las entidades reajusten la distribución de su presupuesto para mantener al personal a pesar de los mayores costos de una parte de la planilla.


Caso contrario, a quienes no cumplan con los requisitos podrían no renovarles el CAS y contratarlos bajo la figura de “Locación de Servicios”, por ejemplo. Esto los dejaría peor en términos de derechos laborales, pues este es un contrato sin vínculo laboral y considerado como una fuente potencial de informalidad en el sector público (SERVIR, 2017b).


Sin duda, lo acontecido evidencia la urgencia de atender el problema de los derechos laborales limitados con los que cuenta un grupo de servidores públicos. Entre ellos, los 29,442 jóvenes contratados por CAS en 2019 y aquellos contratados bajo “Locación de Servicios” que realizan labores permanentes y no están contabilizados en las planillas del Estado.


A noviembre de 2020, siete años después de la aprobación de la Ley del Servicio Civil, solamente 7 entidades han completado el tránsito hacia el nuevo régimen y 13 se encuentran en la penúltima etapa (SERVIR, 2020b). Además, como ya vimos, el uso del régimen CAS no ha disminuido en los últimos años.


La solución debe contemplar una perspectiva integral y acorde con los lineamientos de la reforma del Servicio Civil, pero es un tema que amerita ser atendido con la importancia debida. Si no, ¿qué perspectivas de línea de carrera en gestión pública estamos ofreciendo a la mitad de nuestros jóvenes servidores públicos?

¡Para este artículo agradecemos a Lucía Valdivieso del Equipo Impacta!

[1] En los artículos: Multiplicidad de regímenes laborales en el Estado y Modalidades de contratación profesional en el sector público: los retos pendientes.

[2] Como: i) realizar labores de carácter permanente, ii) haber ingresado por concurso público, y iii) acreditar 2 años consecutivos de servicio bajo CAS o 3 años discontinuos (Congreso de la República, Art. 2).

[3] Permitido bajo el Artículo 4 del texto sustitutorio (Congreso de la República, Art. 4).


Referencias:


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