• Equipo Impacta

Multiplicidad de regímenes laborales en el Estado

Los servidores públicos jóvenes juegan un rol clave para brindar respuestas a la coyuntura actual. Sin embargo, no todos se encuentran laborando bajo la misma modalidad o perciben los mismos beneficios laborales. Vale la pena preguntarse, entonces, ¿cuál es el efecto de esta situación sobre la estabilidad laboral de los servidores públicos? ¿cuáles son las consecuencias de la coexistencia de múltiples regímenes y modalidades laborales?.



Desde Impacta, realizamos la encuesta “Pandemia y Estado de emergencia por COVID-19” entre el 7 de julio y el 8 de agosto, con el objetivo de generar evidencia sobre la situación actual de los servidores públicos jóvenes[1]. Con esto, se espera dar mayores luces sobre cómo las modalidades de contratación contribuyen a disminuir o acrecentar la vulnerabilidad laboral frente a la crisis actual. En este artículo, detallaremos el contexto laboral de los servidores públicos en cuanto a las modalidades y regímenes de contratación, sus características y los retos pendientes en la materia.

Como se observa en la siguiente ilustración, en el Sector Público coexisten múltiples regímenes laborales. En el año 2019, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los regímenes más comunes dentro del sector público fueron:


  1. Contratación Administrativa de Servicios (CAS) – DL N° 1057 (19.5%).

  2. Carrera Administrativa – DL N° 276 (18.4%).

  3. Régimen de la Actividad Privada – DL N° 728 (12%)

  4. Locación de Servicios (10.5%).

Cabe mencionar que las fuentes de información disponibles sobre los recursos humanos en entidades públicas no brindan datos sobre estas modalidades según grupos de edades. Esto representa una limitación clave para el diseño de políticas que atiendan las necesidades de los servidores públicos jóvenes.


Fuente: Servir (2012) y Ley N° 30057 (2013)

Elaboración propia


Con respecto a las modalidades, la Carrera Administrativa goza de carácter estable (plazo indefinido); mientras que, el Régimen de la Actividad Privada permite contratos de naturaleza temporal. En ambos casos, la selección se da por concurso público de méritos (SERVIR, 2012). Por su parte, la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) es una modalidad especial temporal por un periodo restringido a un año fiscal, que puede ser renovada (SERVIR, 2012). Por último, la Locación de Servicio es un contrato civil no laboral regulado por el Código Civil y supone la contratación de personas para servicios específicos dentro de un plazo determinado (León, 2017).

El hecho de que coexistan tantos regímenes y modalidades laborales trae consigo ciertas desventajas, como las siguientes:


  1. La coexistencia de servidores con distintos derechos, obligaciones y condiciones laborales de ingreso, estabilidad y despido; incluso entre aquellos de la misma entidad (SERVIR, 2012).

  2. Desorganización en la administración pública relacionada a esta heterogeneidad (SERVIR, 2012). Por ejemplo, la Carrera Administrativa y el Régimen de la Actividad Privada gozan de beneficios como la compensación por tiempo de servicios (CTS) mientras que el régimen CAS y Locación de Servicios no cuentan con ese derecho. De igual manera, los programas de capacitación son derechos para mejorar la productividad y los ingresos, y son otorgados en las entidades para los servidores de la Carrera Administrativa, el Régimen de la Actividad Privada y CAS, pero no para los locadores de servicios (SERVIR, 2012). Por otro lado, en los procesos de selección, en la mayoría de las entidades no existen mecanismos de monitoreo ni el diseño de perfiles de puestos (SERVIR, 2012).

Uno de los esfuerzos para mejorar la selección del capital humano dentro de la administración pública fue la “Ley Marco del Empleo Público” (Ley Nº 28175, 2005). Esta ley buscó determinar los principios que rigen el empleo público (legalidad, imparcialidad, mérito, capacidad, entre otras) y crear las condiciones para que las entidades sean eficaces, participativas y transparentes (SERVIR, 2010).

En la misma línea, un paso importante que determinó la reconstrucción y reforma de los regímenes laborales fue la “Ley del Servicio Civil“ (Ley N° 30057, 2013). Esta proponía un cambio institucional y cultural en las organizaciones públicas, además de establecer un régimen único para mejorar las condiciones laborales de los servidores (SERVIR,2014). Con esta reforma, se buscó encarar uno de los principales problemas del estado peruano: la carencia de servicios eficaces al ciudadano otorgados por la administración pública (SERVIR, 2015).

En Impacta reconocemos que es fundamental contar con datos certeros que reflejen la realidad que viven los servidores públicos jóvenes: ¿En qué entidades trabajan? ¿Cómo están contratados? ¿Cuál es su condición laboral en el contexto actual? Esperamos que los resultados de la encuesta realizada por Impacta contribuyan con brindar luces sobre los efectos de corto plazo de la emergencia sanitaria en la situación laboral de los jóvenes servidores públicos. ¡Los invitamos a estar atentos a los hallazgos en la próxima ocasión!


¡Para este artículo agradecemos a Karen Alva del Equipo Impacta!

[1] Un servidor público es todo aquel que presta servicios en entidades de la administración pública (SERVIR, 2012). En la encuesta consideramos a aquellos que tienen de 18 a 35 años.


Referencias:

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