• Equipo Impacta

Modalidades de contratación profesional en el sector público: los retos pendientes

Actualizado: 10 de mar de 2020

¿Sabías en que el Perú coexisten más de 15 regímenes con derechos y deberes distintos? De momento, la pluralidad de regímenes de contratación dificulta el ordenamiento de la administración pública y contribuye a la incidencia de informalidad laboral.

En el año 2018, el sector público peruano empleó alrededor de 1.4 millones de trabajadores al mes según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) (MTPE, 2019). Al ingresar al servicio público peruano uno puede ser contratado a través de regímenes con vínculo laboral o bajo una modalidad con vínculo civil. En los primeros se encuentran el régimen del Servicio Civil, la Carrera Administrativa, el Régimen de la Actividad Privada, la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) o uno de los 12 régimenes especiales. El segundo hace referencia a la contratación por Locación de Servicios (Servir, 2012).


La pluralidad de regímenes de contratación dificulta el ordenamiento de la administración pública, pues cada uno implica derechos y deberes distintos. Por ejemplo, la Carrera Administrativa tiene un sistema cerrado por niveles y las promociones se determinan bajo criterios de antigüedad, capacitación y evaluación. En tanto, el Régimen de la Actividad Privada y la CAS contemplan contrataciones para puestos determinados sin posibilidad alguna de obtener una promoción (Servir, 2012). Por su parte, la Locación de Servicios fue concebida para la contratación de personas naturales que no están laboralmente subordinadas, por lo que no exige el otorgamiento de derechos laborales. Incluso, servicios como dictar un taller o reparar una impresora están incluídos en esta categoría (Servir, 2017).


Gran parte de los servidores públicos en situación de informalidad laboral suelen ser indebidamente contratados bajo Locación de Servicios pues, en la práctica, las labores que realizan implican subordinación laboral (Servir, 2017). Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), para el año 2015 entre 150 y 170 mil trabajadores en el sector público se encontraron en estado de informalidad laboral. Es decir, entre el 11% y el 12% de los servidores públicos en dicho periodo no accedieron a vacaciones, aguinaldos, compensación por tiempo de servicios, seguridad social en salud y pensiones, entre otros (Servir, 2017).


Ante estos y otros retos existentes en la administración pública, se aprobó en el año 2013 la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”. El nuevo Régimen del Servicio Civil se plantea como una carrera pública basada en la meritocracia, con sentido de permanencia y progresión profesional, movilidad entre entidades públicas, promoción de la capacitación y mayor equidad remunerativa (Servir, 2020a). Además, de acuerdo con Servir, la transición hacia el nuevo régimen buscará minimizar el uso indebido de la Locación de Servicios (Servir, 2007).


La reforma del servicio civil está aún en su etapa inicial. Al 4 de febrero del año 2020, 487 entidades públicas han iniciado el tránsito al nuevo régimen. De estas, solo 6 han culminado la cuarta y última etapa del proceso, mientras que 299 (61.8%) se encuentran aún en la primera fase y 166 (34.3%) en la segunda (Servir, 2020b). Todavía es pronto para conocer el impacto de esta reforma, pero desde la sociedad civil nos corresponde informarnos y contribuir a la discusión de estas políticas que, al final, repercuten en los ciudadanos que desean servir al país como futuros funcionarios públicos.


¡Para este artículo agradecemos a Lucía Valdivieso del Equipo Impacta!

Referencias:

972 vistas0 comentarios